viernes, 13 de enero de 2023

La violencia policial en Perú evidencia "desprecio y racismo"

 Mientras el Gobierno de Dina Boluarte niegue los graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, las calles no se pacificarán. La impunidad solo alimentará la violencia, advierten expertos a DW.

fuente: DW

Un grupo de manifestantes se enfrenta a las fuerzas de seguridad en Perú.

Las protestas se centran en el sur del país. En los departamentos de Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Cusco, Pedro Castillo obtuvo una alta votación en las elecciones de 2021.

Más de 40 muertos son el saldo de las protestas contra el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, que acaba de cumplir un mes en el poder. Este lunes (09.01.2023), las manifestaciones vivieron su jornada más trágica, en la sureña ciudad de Juliaca, donde fallecieron al menos 17 personas tras choques violentos con la Policía.  

"Las fuerzas de seguridad no están actuando conforme a la ley", subraya Johanna Pieper, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés). En entrevista con DW, la consultora hace hincapié en que el abuso excesivo de la Policía y las Fuerzas Armadas ha llevado a más muertos que días de Boluarte en la presidencia.

"No dejar clima de impunidad"

"Las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida. Un soldado no dispara si no tiene el respaldo de sus superiores", asegura Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, en Perú. En opinión del entrevistado, persiste la idea de que las protestas son un "acto subversivo o terrorista, producto de Sendero Luminoso". Asimismo, dice, la violencia policial evidencia "un desprecio que oculta el odio y el racismo soterrado que se vive en el país, porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena".

Por su parte, Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer, en Perú, insiste en la necesidad de "identificar plenamente a los responsables de los excesos y que éstos reciban una sanción ejemplar para no dejar un clima de impunidad".

¿Solución a corto o largo plazo?

Las exigencias de los manifestantes no se pueden resolver a corto plazo, cree Johanna Pieper: "Si Dina Boluarte reunciara ahora, el país se gobernaría por el presidente del Congreso, que tiene hasta más desaprobación que el Ejecutivo. Las elecciones no se pueden adelantar para 2023 por temas de logística y organización. Además, existe el peligro de que la oferta política sea la misma que en la elección de 2021. Finalmente, no se puede liberar a Pedro Castillo hasta que terminen las investigaciones" en su contra por el fallido autogolpe de Estado.   

Policías se enfrentan a manifestantes en Juliaca.

Los choques entre fuerzas de la seguridad y manifestantes antigubernamentales han dejado más de 40 muertos en Perú desde diciembre de 2022.

A fin de desescalar la violencia, la experta del GIGA propone que el Gobierno peruano dialogue con los manifestantes e investigue los abusos policiales. "Dina Boluarte, hasta ahora, niega que el Gobierno y las Fuerzas Armadas generan violencia. Igualmente, el primer ministro, Alberto Otárola, no reconoce el abuso policial y responsabiliza a los manifestantes y al exgobierno de Pedro Castillo", insiste.

Raúl Tecco está convencido de que "las propias normas y leyes ya fueron rebasadas. Ya no se puede seguir pensando en una salida estrictamente legal y constitucional. Se necesita mucha voluntad política para poder salir de esta crisis sumamente grave", dice a DW. El director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert señala que el país necesita un acuerdo político que incluya la renuncia de la Presidencia y del Congreso, "que debería nombrar a alguien que transitoriamente pueda gobernar en los próximos tres meses, antes de que se realice una elección".

Gestos de "empatía" y "solidaridad"

Robert Helbig, de la Fundación Konrad Adenauer, no excluye que la pacificación de Perú sea posible en el corto plazo, "si los políticos logran comprender las demandas sin deslegitimarlas y dejando de lado sus intereses personales para poner al país como prioridad". En su opinión, "se necesitan gestos políticos contundentes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para apaciguar los ánimos, demostrando empatía y solidaridad por la pérdida de vidas".

(rml)

lunes, 9 de enero de 2023

Israel: miles de manifestantes en Tel Aviv contra el nuevo Gobierno de Netanyahu

 El nuevo Gobierno ya anunció algunas medidas polémicas, como continuar con la colonización de los territorios palestinos, reformar el sistema judicial o adoptar leyes contrarias a los intereses de la comunidad LGBTI.

fuente: DW


Miles de personas se manifestaron este sábado por la noche en Tel Aviv contra el nuevo Gobierno israelí dirigido por el conservador Benjamin Netanyahu, que es el más derechista de la historia de Israel.

Dos marchas convocadas ayer al terminar el shabat en Tel Aviv congregaron a unas 20.000 personas, según los organizadores, que protestaron contra la reforma judicial anunciada por el nuevo gobierno, que socava la independencia de la justicia; y contra otros aspectos incluidos en los acuerdos de coalición que aspiran a convertir Israel en un país más judío y religioso; así como anexionarse Cisjordania y acorralar más a los palestinos.

"Vete", "Democracia en peligro" o "Juntos contra el fascismo y el apartheid". Eran algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas que llevaban los participantes en una protesta que transcurrió por las calles del centro de la ciudad israelí, comprobaron periodistas de la AFP.

Tras ganar las elecciones legislativas del 1 de noviembre, Netanyahu, acusado de corrupción, se puso al frente el 29 de diciembre del nuevo ejecutivo israelí, formado por algunos ministros de ultraderecha y ultraortodoxos.

"Tenemos un problema con los extremistas"      

"Es la primera vez (de esta movilización), pero no será la última, ya que tenemos un problema con los extremistas que están desplegando su influencia, a pesar de que no representan a la mayoría" de la población, aseguró a la AFP Omer, trabajador de una empresa del sector tecnológico en Tel Aviv.

El nuevo Gobierno ya anunció algunas medidas polémicas, como continuar con la colonización de los territorios palestinos, reformar el sistema judicial o adoptar leyes contrarias a los intereses de la comunidad LGBTI.

Es una incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación. Exijo que todos detengan esto de inmediato, aseguró Netanjahu.

"Es una incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación. Exijo que todos detengan esto de inmediato", aseguró Netanjahu.

Una reforma controvertida, presentada el miércoles, prevé la introducción de una cláusula "derogatoria" que permitiría al Parlamento anular una decisión del Tribunal Supremo, con un simple voto por mayoría simple.

"No queremos que desaparezca nuestra democracia y que el Tribunal Supremo sea destruido. Queremos que el gobierno sea controlado", declaró Asaf, un abogado presente en la manifestación.

Netanyahu: "incitación salvaje"

Por su parte, Netanyhu tildó de "incitación salvaje" las manifestaciones ocurridas ayer en el centro del Tel Aviv.

"Vi las imágenes difíciles anoche en la manifestación de izquierda que comparó al ministro de Justicia con los líderes de los nazis. Las banderas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en la manifestación y los carteles que dicen 'Palestina libre del dominio colonialista sionista'", escribió hoy Netanyahu en sus redes sociales. 

"Es una incitación salvaje que no fue condenada por la oposición ni por los principales medios de comunicación. Exijo que todos detengan esto de inmediato", agregó el jefe de Gobierno.

Al inicio de la reunión hoy con su gabinete, Netanyahu rechazó las críticas a esa reforma anunciada la semana pasada y señaló que es "totalmente infundado" el argumento de que implicará el fin de la democracia, como han alertado expertos juristas y la oposición.

"El intento de restablecer el equilibrio correcto entre las autoridades no es la destrucción de la democracia, sino el fortalecimiento de la democracia", aseveró.

FEW (AFP, EFE)

miércoles, 4 de enero de 2023

Estados Unidos ejecuta a la primera persona trans por un asesinato cometido en el 2003

 

Amber McLaughlin, de 49 años, fue condenada por la violación y asesinato de su exnovia Beverly Guenther, en el condado St. Louis, Missouri


, una mujer trans, fue ejecutada este martes en  por un asesinato de 2003, y se convirtió en la primera persona abiertamente de este colectivo en enfrentar la  en el país.

MIRA: Quién es y qué hizo Amber McLaughlin, la primera mujer transgénero que será ejecutada en EE.UU.

A McLaughlin, quien comenzó su transición de género hace unos tres años en la prisión, le administraron la noche de hoy la inyección letal en Missouri, después de que el gobernador de ese estado, el republicano Mike Parson, rechazara su pedido de clemencia.

La mujer trans, antes conocida como Scott McLaughlin, fue pronunciada muerta a las 18.51 hora local (23.51 GMT), según el departamento de Prisiones estatal.

McLaughlin, de 49 años, fue condenada por la violación y asesinato de su exnovia Beverly Guenther, en el condado St. Louis (Missouri), y su ejecución también será la primera del año en Estados Unidos.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo que se opone a la pena capital, no hay otro caso documentado de un hombre o mujer trans ejecutados en Estados Unidos.

“McLaughlin acechó, violó y asesinó a Guenther”, añadió Parson. “McLaughlin es una criminal violenta. La familia y los seres queridos de Guenther merecen la paz”.

Los abogados de McLaughlin habían hecho un pedido de clemencia a Parson el 12 de diciembre pasado rogándole que conmutara la sentencia a prisión de por vida, enfatizando que el jurado que la declaró culpable no logró una decisión acerca de la sentencia.

Missouri e Indiana son los únicos dos estados donde la ley permite que el juez que presidió el proceso imponga la pena de muerte en el caso de un jurado indeciso.

Pero el gobernador Parson dijo esta mañana que la condena y sentencia de McLaughlin se mantenían .

Michelle Smith, codirector de Misurianos por Alternativas a la Pena de Muerte, dijo al diario The Kansas City Star que esta variante hace de Missouri “un caso extremo” que “hiede a injusticia”.

En su pedido de clemencia los abogados de McLaughlin afirmaron que ella sufrió abusos durante la niñez, y padecía una discapacidad intelectual que nunca se mencionó durante el juicio.

fuente: El Comercio

sábado, 24 de diciembre de 2022

Título 42 | "La gente está desesperada": la ciudad de la frontera de EE.UU. "desbordada" de migrantes (y lo que se espera cuando se aprueben las nuevas medidas para entrar al país)

 

El Paso, una ciudad texana fronteriza con México, afronta una creciente "crisis humanitaria" a la espera de un cambio en la política migratoria que tiene en vilo a migrantes de América Latina al otro lado de la valla.

El llamado Título 42que se creó durante el gobierno de Donald Trump y otorga al Ejecutivo el poder de expulsar automáticamente a los indocumentados, podría ser retirado en los próximos días.

Ha impedido que miles de personas crucen la frontera entre México y Estados Unidos.

La política debía expirar este miércoles, 21 de diciembre, pero la Corte Suprema lo dejó temporalmente en suspenso.

El lunes el presidente del máximo tribunal, el juez John Roberts, bloqueó temporalmente su fin en espera de un fallo sobre un recurso de emergencia presentado por una serie de estados liderados por republicanos que piden que la política permanezca vigente.

fuente: BBC News

Cómo sigue la causa del exfutbolista iraní condenado a muerte

Las autoridades de la República Islámica de Irán instalaron una plataforma para ejecuciones en la plaza Shahid Alikhani, una parte perdida de la histórica ciudad de Isfahan, que alberga la entrada a una de las principales estaciones de metro.

Según testimonios recogidos por el grupo de activistas 1500 Tasvir, citados por CNN, se teme que pueda ser ahorcado allí en breve el exfutbolista, Amir Nasr Azadani, de 26 años, condenado a la pena capital.

Familiares y simpatizantes del jugador se reunieron en esta plaza, transformándola en un lugar de peregrinación y apoyo a Amir.

irán acusa al exfutbolista de participar en el asesinato de tres agentes de seguridad, incluidos dos miembros voluntarios de la milicia Basij, durante las protestas en Isfahan el 16 de noviembre pasado A principios de este mes, el jefe de la corte de Isfahan, Asadollah Jafari, declaró que el Amir es "uno de los nueve acusados por esos asesinatos".

Por ello fue condenado por "traición a la patria" por ser miembro de un "grupo armado y organizado que opera con la intención de atacar la República Islámica de Irán".

Fuente: Ambito financiero

Los talibanes defienden la prohibición a las mujeres de ir a la universidad en Afganistán mientras aumenta el repudio global



Después de que los talibanes tomaran el poder en agosto de 2021, las universidades afganas ya se habían visto obligadas a adoptar nuevas reglas, en particular para separar a mujeres y hombres en las clases. A las mujeres sólo se les permitía recibir lecciones de profesoras o de hombres mayores.

Este nuevo ataque a los derechos de las mujeres conmocionó a muchas jóvenes del país, excluidas ya desde marzo de las escuelas secundarias.

El anuncio de esta semana generó también una oleada de condenas internacionales. El jueves, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 afirmaron a propósito de dichas medidas que “la persecución de género puede constituir un crimen contra la humanidad”.

“Las políticas de los talibanes diseñadas para borrar a las mujeres de la vida pública tendrán consecuencias en la forma en que nuestros países interaccionan con los talibanes”, añadieron los ministros del foro (Reino Unido, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos) tras una reunión virtual.

A las condenas se sumaron Turquía e Irán, dos países de mayoría musulmana. La Unesco dijo condenar “firmemente” la medida, y pidió su “revocación inmediata”.

“Esa prohibición no es ni islámica ni humana (...) Esperemos, si Dios quiere, que renuncien a esa decisión”, declaró el canciller turco, Mevlüt Çavuşoğlu.

El portavoz del ministerio iraní de Exteriores, Naser Kanani, dijo esperar que los talibanes afganos “abran rápidamente la vía a la reanudación de la educación de las niñas a todos los niveles”.

Irán precisamente vive desde septiembre una oleada de protestas populares, a raíz de la muerte en detención de la joven Mahsa Amini, de 22 años, arrestada por incumplir el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a cubrirse el pelo en público y a llevar ropa discreta.

Manifestación

Por la mañana, unas 20 afganas desafiaron al régimen islamista y se manifestaron en una calle de Kabul para defender su derecho a la educación. Algunas mujeres fueron detenidas, aseguró a AFP una manifestante que pidió anonimato. Dos fueron liberadas más tarde, pero otras seguían detenidas, según la misma fuente.“Derechos para todos o para nadie”, gritaron las manifestantes, según las imágenes de vídeo obtenidas por la AFP.

 

“Afganistán no es un país sino una jaula para las mujeres”

 

Es una orden que las niñas y mujeres de todas partes de Afganistán temían, desde el regreso del Talibán al poder.

El miércoles, jóvenes mujeres que vestían el hiyab o velo islámico se presentaron a las puertas de sus universidades solo para que guardias talibanes les negaran el acceso.

Las imágenes muestran grupos de estudiantes llorando a medida que las retiran del lugar.

Después de excluir a las niñas de la mayoría de las escuelas secundarias en los pasados 16 meses, esta semana el Talibán también prohibió la educación universitaria de mujeres.

fuente: BBC

miércoles, 14 de diciembre de 2022

Perú reporta muertes y vandalismo durante manifestaciones

 Las protestas -que ya causaron siete víctimas fatales y dejan un centenar lesionados- continuaron en Lima, Apurímac y Arequipa.


Las manifestaciones de protesta que estallaron el 11 de diciembre contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron su máximo nivel de violencia este lunes (12.12.2022) con siete personas muertas, un centenar de policías heridos y el ataque a canales de televisión en Lima.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que ha aumentado a siete las personas que han perdido la vida en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.

"Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (...) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego", dijo Revollar a la prensa local. Los enfrentamientos más violentos tienen lugar en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.

Estado de emergencia en Apurímac

A raíz de la convulsión social, el Gobierno decretó este lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de Boluarte.

Durante 60 días quedará suspendido en Apurímac los derechos constitucionales relativos a "la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según el artículo 2 de la Constitución peruana.

Debido al enfrentamiento con los grupos de manifestantes, un total de 119 policías peruanos han resultado heridos, algunos de gravedad por golpes, según reveló el jefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional, general Oscar Arriola.

En Andahuaylas, los grupos de manifestantes atacaron 14 comisarías y, en una sede policial, los efectivos fueron agredidos con explosivos, indicó Arriola. El jefe de la DIRCOTE afirmó que "el MOVADEF (considerado el brazo político de Sendero Luminoso) tiene actividad en estas marchas", tras mencionar que la Policía ha detectado que exconvictos por terrorismo e integrantes de MOVADEF "están infiltrados" en las movilizaciones.

Manifestantes atacan a la prensa

Durante esta jornada, las protestas también se sintieron en Lima, donde grupos de manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público, así como los locales del canal América Televisión y de Panamericana Televisión, además de un vehículo de la emisora de radio Exitosa.

En el primer caso, los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la sede de América Televisión y Canal N en la céntrica urbanización limeña de Santa Beatriz, dañando ventanas y parte de la infraestructura del edificio. En otro punto cercano de la ciudad, atacaron la sede de Panamericana Televisión, ante lo que muchas personas empleadas por el medio corrieron a protegerse.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) condenó en su cuenta de Twitter los "atentados a las sedes físicas de Panamericana TV y América TV y Canal N, además de la vandalización a un vehículo de Exitosa Noticias con agresión física a su chófer, Víctor Nolly".

"El derecho a la protesta no soporta estos actos vandálicos que lo desvirtúan. Instamos a la ciudadanía a ejercer su legítimo derecho pacíficamente. Desde la ANP ya hemos coordinado con la Fiscalía para que inicien las acciones correspondientes en estos casos", concluyeron.

ama (efe, afp, reuters, ap)

Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas


Irán ha ejecutado este jueves al primer detenido oficialmente condenado a muerte por un presunto delito derivado de las protestas que se sacuden el país desde la muerte bajo custodia policial, el pasado 16 de septiembre, de la joven Mahsa Amini, arrestada por llevar mal colocado el velo.

El prisionero, que la agencia semioficial Tasnim ha identificado como Mohsen Shekari sin dar más detalles, ha sido condenado por apuñalar por la espalda “intencionalmente” a un miembro de la fuerza paramilitar Basij y bloquear el bulevar Sattar Khan en la capital, Teherán, el pasado 25 de septiembre.

Las autoridades iraníes rechazaron la apelación del abogado del preso al considerar que “no es válida ni justificada”, ya que el reo ahora ejecutado era culpable, según su dictamen, de “crímenes de guerra” al bloquear la calle, amenazar con armas y enfrentarse a los agentes. El Tribunal Supremo de Irán, que calificó las acciones del manifestante como un “ejemplo de hipocresía”, ha aprobado en la mañana de este jueves la sentencia y la ha ejecutado inmediatamente. Los magistrados se han apoyado en supuestas declaraciones de testigos del incidente, que habrían asegurado que las personas presentes estaban muy asustadas por la presencia del manifestante armado.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights, ha augurado que se producirán “ejecuciones diarias de manifestantes”, a no ser que las autoridades iraníes tengan que enfrentarse “a rápidas consecuencias prácticas a nivel internacional”, según ha destacado en un mensaje publicado en Twitter. También el ministro de Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, ha denunciado la ejecución en un mensaje publicado en la misma red social. “El mundo no puede pasar por alto la abominable violencia cometida por el régimen iraní contra su propio pueblo”, ha señalado. También Alemania ha reaccionado: “El desprecio del régimen iraní por la humanidad es ilimitado”. “Pero la amenaza de ejecución no sofocará el deseo de libertad de la gente del pueblo”, destacó la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, en Twitter. Francia, por su parte, señaló que “esta ejecución se suma a otras graves y violaciones inaceptables”, según destacó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las autoridades iraníes anunciaron a principios de semana que cinco personas habían sido condenadas a muerte por su implicación en la muerte del miembro de la milicia Basij Rouhollah Ajamian, en un veredicto que todavía pueden apelar. El portavoz del Departamento de Justicia de Irán explicó que otras 11 personas, entre ellas tres menores, habían sido condenadas por el mismo delito a “largas penas” de prisión, según informó la agencia iraní ISNA.


fuente: EL Pais de España

miércoles, 16 de marzo de 2022

CHILE: Boric ante los desafíos de la historia

 


por Ariel Dorfman

Cuando Gabriel Boric, con apenas treinta y seis años a cuestas, jure hoy como el presidente más joven de la historia de Chile, tendrá, paradójicamente, que hacer frente al desafío de remediar en los próximos cuatro años el problema más vetusto y antiguo que arrastra esta nación andina desde antes de su independencia en 1810.

En efecto, ya en 1796, José Cos de Iriberri, comerciante chileno, elogió "la opulencia y riqueza" de la tierra, pasando a lamentarse: "Quién pensaría que en medio de tal abundancia habría una población escasa gimiendo bajo el pesado yugo de la pobrezala miseria y el vicio". Por supuesto, el fantasma de Iriberri (que habitaba una provincia española de menos de un millón de almas), no reconocería el Chile contemporáneo, una nación de 20 millones de personas, gimiendo bajo el yugo de problemas típicos, más bien, del siglo 21. Y, sin embargo, Iriberri advertiría también que la desigualdad, la injusticia y la corrupción continúan perturbando persistentemente a su tierra natal, aunque, de resucitar, quizás abrigara de pronto la esperanza de que esta situación desastrosa pudiera estar llegando a su fin.

Boric fue elegido porque encarnaba un vasto movimiento de ciudadanos que colmaron las calles en octubre del 2019 exigiendo un nuevo sistema político, un conjunto diferente de prioridades económicas y, sobre todo, dignidad para los desfavorecidos, una serie de medidas drásticas que, de ser llevadas a cabo, podrían dentro de poco invalidar un juicio tan melancólico como el de Iriberri.

El éxito de la tajante agenda de Boric dependerá de varios factores. Ante todo, en un país atormentado por la pandemia y el malestar social, tendrá que aumentar los impuestos a los súper ricos y a las grandes corporaciones, especialmente en el sector minero, para financiar reformas indispensables en salud, educación, planes de pensiones, un salario mínimo más alto, políticas ecológicas agresivas, así como el empoderamiento de las mujeres y la gobernanza regional. Para obtener estos ingresos, la administración de Boric tiene que negociar con un Congreso donde su coalición está en franca minoría. Moderar algunos de los objetivos más ambiciosos podría conducir a algunos acomodos, pero también es probable que decepcione y movilice a muchos de sus agitados seguidores que votaron por un líder que prometió enterrar el neoliberalismo y sus descontentos. De todas maneras, cualquier acuerdo que se alcance obligará a muchos meses de legislación, compromisos y presión desde la calle.

Una segunda serie de circunstancias precisa atención inmediata. Una crisis migratoria en el extremo norte del país, invadido por trabajadores indocumentados de toda América Latina, ha sembrado un tóxico sentimiento antimigrante que incitó a camioneros a que bloquearan rutas vitales, una acción que, de repetirse, podría paralizar áreas significativas de la economía. La propia postura de Boric de dar la bienvenida a sus hermanos y hermanas latinoamericanos se verá, entonces, puesto pronto a prueba. En el sur del país, las justas exigencias reivindicativas de pueblos originarios largamente despreciados y expoliados han abierto un terreno fértil para una creciente violencia. El nuevo Presidente está decidido a rechazar la militarización que instaló su predecesor, el inepto derechista Sebastián Piñera, y estrenar un diálogo sereno con todas las partes, pero los acontecimientos sobre el terreno pueden constreñir su margen de maniobra. ¿Y cómo reformar a fondo una fuerza policial recalcitrante que ha brutalizado sistemáticamente a jóvenes y pobres y rebeldes, justo en una coyuntura en que se acrecienta la delincuencia y el narcotráfico?

El mayor desafío para la administración entrante, sin embargo, es la Convención Constitucional que fue creada para canalizar las demandas de los insurrectos y que en estos mismos momentos está escribiendo una nueva Carta Magna para reemplazar la que, fraudulentamente impuesta por Augusto Pinochet en 1980, había bloqueado las mismas reformas que Boric ahora quiere instituir. Aunque la mayoría de los delegados (los conservadores sólo tienen 37 de los 154 miembros de la Convención) comparte las convicciones de Boric (ecológicas, feministas, igualitarias, profundamente participativas, con gran respeto por las creencias indígenas y el rol de las regiones), hay signos de tensión entre un gobierno que tiene que lidiar con las complicaciones cotidianas de la gente común y llegar a convenios con los adversarios, y muchos convencionales que sueñan con una patria completamente libre de explotación, donde la naturaleza reina en forma suprema y el multiculturalismo triunfa. Lo único que Boric no puede permitirse es que los votantes, en un referéndum en septiembre, rechacen la nueva Constitución, una posibilidad que, por ahora, es poco verosímil, pero que, con pujantes fuerzas reaccionarias saboteando la Convención, podría conducir a un resultado que dejaría al nuevo gobierno atado a viejas leyes que, en el pasado, atascaron importantes alteraciones al status quo.

A pesar de todas estas acechanzas y dilemas en el horizonte, el futuro me parece promisorio.

Hace treinta y dos años, el 11 de marzo de 1990, fui un invitado oficial a la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin después de diecisiete años de terror dictatorial. Para esa transmisión del mando, conocía personalmente a todos los miembros del gabinete de Aylwin, así como a los jefes del Senado y la Cámara de Diputados. Me complace anunciar que no me he topado nunca con ni uno de los ministros y ministras de Boric (¡es un gabinete paritario, el de Aylwin consistía sólo de hombres!), aunque sí he conocido de cerca a algunos de sus padres y abuelos.

Esta es una prueba rotunda y maravillosa de un verdadero cambio de guardia. Parece que ha llegado el momento de que esta multitud de jóvenes tan talentosos como el carismático y tatuado Boric --¡que no usa corbata!--, por fin arremeta con alegría y desparpajo contra la situación que devasta nuestra desafortunada patria desde hace tanto tiempo. No se trata simplemente de que asumen el poder con el respaldo de una ciudadanía ardiente dispuesta a rebelarse con aún más vehemencia si no hay respuesta a sus necesidades, sino que estos jóvenes políticos forman parte del resurgimiento de una nueva izquierda en toda América Latina, con posibles victorias en Brasil y Colombia en las postrimerías de este año que confirmarían esa tendencia.

Así que, a pesar de la crisis global creada por la invasión de Ucrania y sus secuelas, Boric enfrenta un panorama internacional favorable, sin el tipo de hostilidad o el intervencionismo descarado e imperial de los Estados Unidos que ha obstruido esfuerzos anteriores para realizar cambios fundamentales. Boric representa, además, una vena libertaria que a mí me parece saludable para nuestra izquierda, oponiéndose al autoritarismo de todo tipo (ha criticado la represión de los disidentes en Cuba y ha denunciado al seudosandinista Daniel Ortega como un dictador), que rompe con muchos de los dogmas revolucionarios más ortodoxos de América Latina (incluidos algunos de sus propios aliados comunistas en Chile). Hay que comprender que la experiencia fundacional de la generación de Boric se forjó, no en la lucha contra una dictadura, sino desafiando a gobiernos democráticos que no habían profundizado esa democracia y preferido a una élite pequeña, poderosa y privilegiada por sobre las urgencias de la inmensidad de sus conciudadanos.

Si logra Boric avanzar, utilizando medios pacíficos, hacia cambios sociales y económicos cruciales, e implementa una política intensa de justicia ambiental y de género, su ejemplo va a trascender las fronteras del propio Chile. En un momento en que estamos siendo bombardeados por una cascada implacable de noticias desesperantes, un modelo fundacional que ofrezca esperanza en la democracia y la participación puede inspirar al mundo y especialmente a los jóvenes.

Muchos, aquí en Chile y en el extranjero, estarán observando, entonces, cómo Gabriel Boric inaugura una nueva era en la historia de mi país. Junto a tantos hombres y mujeres que, presumo, le desean buena ventura, agregaría yo legiones de muertos que no pudieron resolver el enigma del perenne desarrollo desigual que todavía nos ronda. Tal vez el fantasma de José Cos de Iriberri, con ganas de descansar en paz, sonría, donde quiera que se encuentre, al reflexionar que, quizás esta vez, después de más de dos siglos de intentos fallidos, sus compatriotas tengan el gobierno que finalmente se merecen.

Ariel Dorfman es autor de La muerte y la doncella y de la reciente novela Apariciones, además de una colección de poesía, Palabras desde el otro lado de la muerte que publicará próximamente la editora argentina Libros del Zorzal.

lunes, 10 de mayo de 2021

Colombia: no cede la espiral de protestas masivas y represión

 Las manifestaciones han crecido de forma espontánea y sin control frente a la acción de las fuerzas oficiales y parapoliciales. Se registran más de 30 muertos, 1500 heridos y 400 desaparecidos. Declararían el estado de conmoción: para la oposición sería echar nafta al fuego. El rol del expresidente Álvaro Uribe.

(Foto: Juan Barreto / AFP)
9 de mayo de 2021

La escalada de violencia en Colombia alarma a los organismos de DD HH y a las fuerzas políticas de la oposición al gobierno de Iván Duque. Consideran que es vital mantener viva la movilización por diversas demandas disparadas por el –hoy retirado– proyecto oficial de reforma impositiva, pero entienden que parte de la protesta, que incluye concentraciones, bloqueos y algunos episodios de vandalismo, empieza a perder conducción, producto sobre todo de la espontaneidad de muchos participantes. Saben que un desborde derivará en una profundización de la violencia y la represión, que hasta ahora vienen registrando más de 30 muertos, 1500 heridos y 400 desaparecidos. La violenta respuesta institucional fue señalada con preocupación por varios líderes del mundo y hasta la ONU. La posible escalada aviva el fantasma de la declaración del estado de conmoción que, al modo de ver de la dirigencia opositora, obraría como un virtual “estado de sitio” que resulte en más violencia y en el control de los sectores militaristas de ultraderecha ligados al expresidente Álvaro Uribe. Además, se empieza a sumar en los últimos días la intervención de los nunca erradicados grupos paramilitares. “Es un país que está armado hasta los dientes y en medio de tantas armas no sabemos de dónde vienen los tiros”, graficó la diputada María José Pizarro, de Colombia Humana, espacio que lidera el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro.

El episodio vivido en la madrugada de ayer en Cali lo confirma. “En el sector de La Luna, un punto de concentración de manifestantes, pasó una camioneta y motociclistas, y dispararon contra la gente allí reunida. Quedaron dos jóvenes lesionados y un tercero que falleció en la madrugada, por un tiro en el cráneo”, relató a Tiempo el abogado y activista Dícter Zúñiga Pardo, desde Cali, uno de los distritos más comprometidos por la violencia. Contó que junto con otros activistas de DD HH procedieron a sacar de la zona a un dirigente indígena “de primera línea” para protegerlo, mientras otro grupo se dirigía a la misión médica, para verificar la atención de los heridos. “Mientras estaban allí pasó nuevamente la camioneta y disparó contra la misión médica. Ante esa situación me comuniqué con personas de la gobernación pidiendo apoyo. No lo tuvimos”, denunció.

“Las manifestaciones han crecido de forma espontánea, se vincularon familias enteras y los jóvenes que se presentan en cada uno de los puntos reciben el apoyo de la comunidad. En este momento no presentamos confrontaciones con la fuerza pública, sin embargo hay una situación que nos parece muy crítica: en las noches estos puntos son baleados por personas que no se logra identificar su procedencia”, explicó Natalí González, subsecretaria de DD HH y de la alcaldía de Santiago de Cali. “La situación a nivel regional es propendiente al diálogo”, aclaró.

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(Foto: Juan Barreto / AFP)

Para algunos dirigentes, la movilización iniciada el pasado 28 de abril llegó a niveles “nunca antes vistos”, como aseguró a Tiempo Rodrigo Rojas, exdirector de la ONG de DD HH Pax Colombia con amplia trayectoria en reivindicaciones sociales y negociaciones por la paz. Además, se destaca porque se produce en uno de los peores momentos sanitarios del país por la pandemia. No puede desligarse de aquel reclamo masivo de 2019, evidentemente insatisfecho, frente a las políticas económicas, sociales y ambientales de Duque. Superado el conflicto por el “impuestazo”, las demandas suman hoy otras reivindicaciones e implican una salida de máxima con la convocatoria a elecciones anticipadas. Es muy gráfica la declaración del negociador gubernamental Miguel Ceballos, reflejada en los medios locales, que se mostró dispuesto a discutir temas vinculados con “vacunación masiva, desarrollo social, finanzas públicas, matrícula cero (para universidades) y apoyo a los jóvenes”. Es decir que reconoce que todas son cuestiones postergadas. “Básicamente, es parte de las cosas por las que la gente salió a movilizarse”, afirmó Pizarro. “Empieza un cúmulo de reivindicaciones por cosas que no están resueltas. Entonces, pese a que bajan la reforma tributaria, esa noche empezó la represión más violenta”, relató.

La represión fue alertada por la ONU en Colombia, que pidió garantizar “el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta”. Se sumaron la UE y hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habitual cercano a Duque. También por líderes del mundo, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, lo que provocó la queja formal de la Cancillería colombiana. “El gobierno se va a molestar con cualquier declaración que condene el exceso del uso de la fuerza, pero creemos que la única forma de presionar y desescalar la violencia es que haya manifestaciones de este tipo. Lo que no puede pretender el gobierno es hacer lo que hace y que la comunidad internacional se mantenga muda”, dijo Pizarro. «

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(Foto: Luis Robayo / AFP)

El espejo de Chile 2019

En Chile, el próximo fin de semana se votan los representantes para una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en remplazo de la que rige desde el pinochetismo. Es el resultado de un largo proceso de lucha en las calles que se inició en 2019. Muchos analistas hallan similitudes entre el inicio de es proceso y el que hoy vive Colombia.

Poner en marcha una feroz represión, emparentar los actos de protesta con el “terrorismo” y no acallar las proclamas ultramilitaristas y persecutorias. Así como Sebastián Piñera en aquel Chile, hoy Iván Duque asegura que está dispuesto a dialogar. Así lo hizo el viernes, cuando se reunió con los dirigentes opositores del centro y centroderecha de la "Coalición de la Esperanza". Al salir de la reunión en la Casa de Nariño, el grupo afirmó que “el presidente debe asumir el liderazgo directo de las FF AA para que cesen los ataques a la población". Mañana estaba prevista una posible reunión con el Comité del Paro, el espacio que reúne a las organizaciones más representativas de la protesta. Duque aseguró que su gobierno está "en condición de escucharlos a ellos, y también de escuchar a los que no protestan". La organización, por su parte, dijo que solo se sentará a dialogar si el gobierno acepta discutir una reforma de la policía, una renta básica de U$S 250 para los más pobres, la suspensión de la fumigación aérea de narcocultivos con glifosato y la desmilitarización de campos y ciudades", entre otros pedidos.

Fuente: Tiempo Argentino